La democracia en que vivimos IV/IV

Existen también experiencias de resistencia en México, no sólo las armadas, sino también civiles y pacíficas. De las primeras el Centro de Documentación de los Movimientos Armados tiene un listado de más de 30 grupos armados en México, de los cuales al menos 13 tienen su más reciente comunicado en 2007, lo que haría presumir que son grupos autónomos y activos. Los más representativos quizá sean el EZLN, el EPR y el ERPI.

El ejemplo reciente más significativo de resistencia civil con el fin de destituir al tirano, lo constituye la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que sobretodo en 2006, aglutinó a sindicatos, organizaciones sociales, civiles, padres de familia, comunidades, ayuntamientos populares, organizaciones de colonos, entre otras expresiones, que tuvieron tomada la ciudad por cerca de 5 meses, incluyendo las instalaciones de los poderes locales, el palacio de gobierno, el congreso del estado y el supremo tribunal de justicia, con el fin de destituir al gobernador Ulises Ruiz. La oligarquía política nacional finalmente impuso la fuerza policiaca federal y sostuvo al gobernador en el poder, dispersando la movilización pero no al movimiento que sigue actuante por todo el territorio oaxaqueño, y que sin duda reaparecerá, de algún modo, en un futuro inmediato, porque los agravios persisten y la voluntad de la sociedad oaxaqueña por cambiar el orden social también.

De las experiencias de resistencia civil quisiera resaltar, sin embargo, aquellas que tienen claros procesos democratizadores, dado que de ellas surgirá, sin lugar a dudas, un verdadero proceso de transición a la democracia en México. Su característica principal, además de rechazar el orden legal existente, es la de construir uno paralelo en el que pueden incidir y participar para procurar la vigencia de derechos que han sido negados por el Estado, asumiendo para sí funciones de gobierno a partir de la participación amplia de los sujetos involucrados y recuperando las formas tradicionales de autoridad indígena, en un doble desafío. Esta forma de resistencia está fuertemente influenciada por una idea en común que se ha difundido ampliamente, sobretodo entre pueblos indígenas: el derecho a la autonomía, que no es otra cosa que el ejercicio de la soberanía popular. En estas experiencias nos enfrentamos aunque sea de manera embrionaria, a los cuatro principios constitucionales vistos más arriba, que los vuelve un movimiento democrático.

Entre estos podemos ver de manera preponderante al EZLN, que de ser un movimiento insurgente abrió paso, sin dejar las armas, a un movimiento también civil y pacífico con la creación de los Consejos Autónomos que devinieron en Municipios Autónomos Rebeldes (MAREZ) y posteriormente, en un segundo nivel de gobierno, los Caracoles Zapatistas. El EZLN desde su Primera Declaración de La Selva Lacandona llamaba a un proceso de democratización que cerrara la brecha de la desigualdad y modificara las estructuras de un modelo excluyente: “pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y democrático (…) y una nueva Constitución”. Como respuesta a la traición de los acuerdos pactados, tomaron la decisión de ejercer su derecho a la soberanía popular a través de órganos de gobierno y comités participativos, bajo la figura de la autonomía indígena, basándose en el Convenio 169 de la OIT y en los Acuerdos de San Andrés firmados con el gobierno federal el 1996.

Con una fuerte influencia de los zapatistas, se han extendido otras experiencias de resistencia civil democratizadora. El Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero (SSJC), conocida como La Policía Comunitaria, que es como ellos mismos se definen, “la organización de los pueblos indígenas y mestizos de la Costa-Montaña de Guerrero”. Su comandancia es un consejo de comunidades y su propósito es atender el problema de inseguridad que privaba en su región garantizando la seguridad pública, procurar e impartir justicia, y reeducar con trabajo comunitario a los maleantes. Como es fácil imaginar, el Estado no ha sido omiso a esta “usurpación” de funciones y en varios momentos ha tratado de desarmar y desorganizar la resistencia.

También, la creación de nuevos municipios autónomos más allá de Chiapas en las que reivindican la máxima de “mandar obedeciendo”. El Municipio Autómomo de Suljaa’, en territorio amuzgo de Guerrero, el Municipio Autónomo de San Juan Copala en la región triqui de Oaxaca, el Caracol de Zirahuén en Michoacán, el Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas, el Pueblo de Vicente Guerrero de Centla, Tabasco, entre otros.

No es un hecho menor que estas experiencias sean fundamentalmente indígenas, ello se debe por un lado a su identidad común y a su memoria histórica y por el otro, a la oportunidad política para estos movimientos, suscitada por el debate sobre sus derechos partir de la entrada en vigor del Convenio 169 de la OIT y al contexto del 500 aniversario de la conquista española, no sólo en México sino en toda América Latina. El movimiento indígena en México no está reivindicando derechos para sí sino para todos porque están conscientes que su suerte depende de la de todos que navegamos en este barco llamado México, y eso le pone otra característica, su universalismo a partir del reconocimiento de la igualdad en la diversidad.

Conclusión

La llamada transición en el poder en el año 2000, después de un régimen de 70 años del PRI ha devenido en una nueva oligarquía con características de partidocracia que en ningún sentido han significado un avance mínimamente significativo en mejorar las condiciones democráticas de la sociedad, que de acuerdo a Charles Tilly debería reflejarse en algún grado en al menos uno de estos indicadores: Los derechos y obligaciones se han ampliado a una proporción mayor de las personas bajo la jurisdicción del Estado; los derechos y obligaciones se distribuyen cada vez con mayor igualdad entre los ciudadanos; es consultada de manera obligatoria la ciudadanía, con respecto al personal y a las políticas del Estado; y/o se ha ofrecido a los ciudadanos, incluidos los miembros de grupos minoritarios, una mayor protección contra acciones arbitrarias por parte de los agentes del Estado.

El desenlace está aún por verse, todo parece indicar que la crisis del Estado mexicano tiende a una mayor profundización, antes que podamos vislumbrar una salida. Quizá surjan salidas insospechadas y procesos sociales y políticos aún por confluir, pero las semillas de una época más democrática están germinando en las tierras que se habían desechado. Valdrá la pena no sólo ser observantes sino participes de esta historia.

-Fin-

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