¿La guerra de Calderón es compatible con la democracia? I

El uso de las fuerzas armadas por razones de “seguridad interna” ha sido permanente en la historia del país. La lógica del Ejército Mexicano no es la de combatir a enemigos externos en defensa de la nación, sino de mantener el control frente a amenazas internas. Así, el Ejército mexicano ha tenido una labor destacada en la persecución de la disidencia política, que en la época moderna militar puede ser que marque sus inicios en el ataque al Cuartel de Madera, Chihuahua (1965), pasando por la masacre de Tlatelolco (1968) y que derivó en la llamada Guerra Sucia de los años 70s, época en la que se produjeron los peores crímenes de lesa humanidad, con cientos de ejecutados y desaparecidos. En lo que podría considerarse una nueva fase en las actividades del Ejército Mexicano, durante el sexenio de Miguel de La Madrid (1982-1988), los militares comenzaron a participar en la lucha contra el narcotráfico, elevándolo a un asunto de seguridad nacional.

A raíz del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, los militares reiniciaron su actividad de persecución del “enemigo interno”. Las regiones indígenas del país se militarizaron hasta la fecha, no sólo en Chiapas, aunque por años éste fue el principal foco de atención de los medios debido a una descarada persecución contrainsurgente, que tuvo cientos de víctimas combatientes pero sobretodo civiles. El presidente Zedillo (1994-2000) frente a su débil legitimidad política, a través del establecimiento, a finales de 1995, de la Coordinación Nacional del Sistema de Seguridad Pública, le dio carta de naturalización al Ejército para participar en materia de seguridad pública, en una deliberada confusión con la seguridad nacional. Durante los 70 años del PRI, el Ejército fue clave para el mantenimiento del régimen revolucionario contra la disidencia popular.

El bono democrático de Vicente Fox, presidente surgido del PAN, provocó que los reflectores a los abusos cometidos por el Ejército se desviaran, sin que éste abandonara ni sus funciones ni sus posiciones, por el contrario, se le agregó la función de control migratorio en la frontera sur en lo que se conoce como “sellamiento de la frontera”, particularmente en Chiapas, y continuó sus acciones contrainsurgentes en las regiones indígenas del sur del país, notoriamente en Guerrero y Oaxaca. La acción del Ejército en al vida pública del país es uno de los rasgos de la transición fallida.

El fuerte cuestionamiento a la legitimidad del presidente Felipe Calderón, hizo del Ejército nuevamente su principal fuerza, decretando una “guerra contra el narcotráfico” que no ha sido retórica. Según un recuento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) presentado en mayo pasado, entre enero de 2007 y noviembre de 2008 se publicaron en los medios 101 casos de abusos militares en contra de civiles, entre ejecuciones, tortura y malos tratos, detenciones arbitrarias y cateos ilegales.

Human Rights Watch (HRW) por su lado, documentó abusos militares en el mismo período, que incluyen una desaparición forzada, la violación sexual de mujeres indígenas durante operativos de lucha contra la insurgencia y el narcotráfico en el sur de México, la tortura y detención arbitraria de ambientalistas durante operaciones contra el narcotráfico, y varios casos de tortura, violación sexual, asesinatos y detenciones arbitrarias de decenas de personas cometidos durante operativos de seguridad pública llevados a cabo en varios estados de la República. Resaltan en su informe que “muchas de las víctimas en los casos documentados no tenían ningún vínculo con el tráfico de drogas ni con grupos insurgentes”.

Tanto HRW como el Centro Prodh resaltan un elemento más de esta guerra, la impunidad que genera el fuero militar frente a las violaciones a derechos humanos, y se pronuncian, como lo han hecho muchos otras organizaciones civiles, por la eliminación de este fuero, sustentado en el código penal militar.

Las víctimas en esta guerra, sin embargo, no son sólo a quienes se les viola sus derechos individuales. El derecho a la paz es un bien público que deber ser respetado, protegido y garantizado en un régimen democrático, lo cual significa no sólo que los abusos militares sean castigados, ni que sólo se eviten las violaciones a los civiles, sino que la guerra misma sea proscrita.

En democracia las instituciones existen para dirimir conflictos y proteger derechos, esta es su principal virtud. La guerra siempre es el último recurso frente a la falta de esas instituciones y la capacidad política de generar acuerdos. Para evitar la guerra es que se inventó la democracia. Optar por la guerra, como lo hace el gobierno de Calderón, no sólo ha significado atacar el fuego con gasolina, promoviendo una espiral imparable de violencia, significa sobretodo rechazar la democracia como forma de convivencia. Cuando es el Estado el que suprime los derechos, así se justifique por los más nobles propósitos, no se le puede denominar democrático sino tirano.

La política de Calderón consiste en crear inseguridad y violencia para generar control a través de la militarización acompañada de la creación y reforma de leyes que atentan contra los derechos humanos. Una política que cuenta con la anuencia de la clase política representada en los tres principales partidos políticos y el apoyo decidido de los Estados Unidos.

A dos años de la gestión de Felipe Calderón, se superaron las 10,000 ejecuciones, dos mil más que todo el sexenio anterior y más que el total de bajas estadounidenses en Irak, a la misma fecha. Felipe Calderón justifica la militarización para “dar seguridad en las calles”, nada más lejos de ese propósito; y su guerra, “para que no lleguen las drogas a tus hijos” mientras que informes del Ejército señalan que de diciembre de 2006 a mayo de 2009, han muerto 610 niños menores de 16 años a causa de esta guerra y 3,700 quedaron huérfanos al ser ejecutados sus padres, vaya forma de lograr sus objetivos.

Mexico’s Drug War, Narco News

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