Proyecto de Nación

Las elecciones del pasado 4 de julio al parecer han dado el banderazo a la carrera presidencial para el 2012. Los partidos discuten, se reprochan o aplauden sus alianzas buscando crear las condiciones propicias para ganar “la grande”, mientras Andrés Manuel López Obrador se pone a la delantera, ha anunciado su deseo de contender y ha presentado su “proyecto de nación”. Los resultados electorales son objeto de análisis y cálculos de lo que será el escenario posible dentro de dos años. Comienza el “reality show” político, con la misma expectación de un partido de futbol o el final de una telenovela, donde sólo contamos como rating, y en el que el desenlace, más allá de la satisfacción o insatisfacción que nos produzca, en nada cambia nuestra vida cotidiana.

En términos reales ¿qué se puede esperar por parte de la coalición ganadora en Oaxaca y Puebla, por poner dos ejemplos, distinto al PRI? Si observamos a los gobiernos perredistas de Chiapas y Guerrero, en el entorno geográfico y político de los primeros, no se encuentran muchas diferencias: despojos, asesinatos, presos políticos, pobreza e impunidad. Este continuismo tiene que ver menos con la persona y más con las condiciones institucionales de los partidos, de las leyes y de los grupos de poder que están detrás.

Si vemos el comportamiento de los mismos partidos en el Congreso, preocupa mucho su indiferencia, por no decir su complicidad, en una guerra ilegal e inaceptable que sólo ha generado muerte y terror en el país; que estén más preocupados por la reducción de las remesas de los migrantes, en lugar de atacar las condiciones que siguen expulsándolos de sus lugares de origen; que le sigan el juego al desmantelamiento de las economías locales para engordar los bolsillos de unos cuantos en detrimento de las mayorías; que entorpezcan o aplacen injustificadamente la reforma a la justicia para abatir la impunidad (particularmente la militar), verdadera arma contra el narcotráfico, la reforma al juicio de amparo y el reconocimiento del principio de presunción de inocencia elevado a derecho; que en su lugar se enfrasquen en una reforma laboral que por donde se mire, está encaminada a reducir los derechos de los trabajadores y a favorecer las utilidades de las grandes empresas so pretexto de la “competitividad”; que nos sigan vendiendo el cuento de la inversión externa como salvación cuando ha sido ésta la causante del deterioro de la ya de por sí precaria calidad de vida de cientos (o miles) de localidades; que se envuelvan en la bandera por la privatización del petróleo y no digan nada de la privatización del subsuelo que está causando un verdadero desastre ecológico y social por parte de empresas mineras, muchas de ellas canadienses.

Detrás de estos males, y de otros que se podrían seguir enumerando, se encuentra una decisión política, así sea por omisión. La peor impunidad es la del poder cuando se encuentra libre de la obligación de dar cuentas, que sumada a la seguridad que tienen los partidos del monopolio de la representación política, deja a las verdaderas mayorías a merced de lo que resulte de las negociaciones entre intereses particulares de grupos y partidos.

Parece que sigue siendo pertinente preguntarse, como lo hizo la APPO en 2006 y como nos repiten todos los días los zapatistas con sus Juntas de Buen Gobierno, por la democracia como forma y contenido de gobierno, no sólo como método para acceder al poder. Los partidos políticos, si en verdad se asumieran democráticos, en lugar de preocuparse por aliarse a cualquier costo por conquistar el poder, deberían estar buscando institucionalizar mecanismos de control ciudadano sobre los gobernantes (esa reminiscencia jurídica llamada Estado de Derecho), y sobre las decisiones públicas, es decir, el ejercicio de los derechos ciudadanos como forma de distribución del poder. Se trata del viejo dilema de la democracia griega, de si es mejor un gobierno de buenas personas (el buen tirano) o uno de buenas leyes (el imperio de la ley), donde incluso el peor gobernante se vea sometido a la obediencia del bien común.

En democracia, tener buenas leyes significa igualdad de condiciones en la toma de decisiones de quienes forman parte de la comunidad política, es decir de los ciudadanos (donde reside la soberanía). Este es el verdadero sentido de “una persona, un voto”, no sólo la participación política para decidir quién será el gobernante sino también en el contenido de lo que debe decidirse porque afecta a esa misma comunidad política, más aún, la participación de los resultados de esa decisión.

Los partidos políticos en México, lejos de representar una alternativa, han retomado los modos del viejo paternalismo priista, que por alguna razón metafísica, ahora también consideran poseer una especie de capacidad superior al resto de los mortales ciudadanos para decidir lo que mejor nos conviene e incluso protegernos de nosotros mismos, no importa si son de derecha o de izquierda. Por eso nuestra precaria democracia, como la de la mayoría de países que se dicen democráticos, ha reducido la participación a la mera formalidad de la elección del tirano (bueno o malo) en turno, dejando en unas cuantas manos el poder de decisión que nos corresponde a todos y cada uno.

Con todo, esta idea no es contraria a la democracia representativa sino complementaria. Los representantes políticos, que nada explica que deban ser de algún partido, lo son precisamente porque representan los intereses de sus representados (y el primer interés es la garantía de sus derechos), por tanto, estos últimos deben contar con los mecanismos de control, garantizados por ley,  que sujeten al representante a la voluntad de la comunidad política desde su elección hasta su ejercicio de gobierno y por tanto su revocación, y no que aquel expropie esa voluntad imponiendo la suya, como sucede hoy en día.

Este viejo ideal encerrado en el concepto de democracia, es la raíz sobre la que se supone se sostiene nuestra República (a pesar de derechas o izquierdas), al parecer tan lejos como la Revolución Francesa y tan necesario como entonces. Es la soberanía popular y la garantía de los derechos humanos, los dos contenidos fundamentales de cualquier “proyecto de nación” que busque la paz y la emancipación, promesas postergadas por 200 años. Este es el debate que deberían estar dando los partidos en el Congreso y de cara a las elecciones presidenciales del 2012, este es el ideario ideológico y político de una verdadera oposición, esta es la agenda de los ciudadanos y su plan de lucha, todo lo demás son rivalidades triviales en un partido de futbol.

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