Denuncias de asesinatos, desapariciones y tortura en Coahuila de Zaragoza, México. 165 Periodo de Audiencias CIDH. Montevideo Uruguay. Octubre 24, 2017.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

165 periodo de sesiones. Montevideo Uruguay. Octubre 24, 2017.

Audiencia sobre Denuncias de asesinatos, desapariciones y tortura en Coahuila de Zaragoza, México.

Michael W. Chamberlin.

Estimados Comisionados, estimados representantes del Estado mexicano.

En poco más de 10 años de iniciada la estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón, continuada por la actual administración, hemos alcanzado la terrible cifra de más de 200 mil ejecuciones[1], más de 21 mil en los últimos 9 meses (78 por día, tres cada hora)[2], siendo quizá el año en que se romperá el récord en este mismo periodo; y 33, 482 personas desaparecidas aún no localizadas[3].

Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja en su reciente visita a México señaló que “las consecuencias humanitarias de la violencia en México son similares a las que experimentan países en conflicto armado”[4], a su vez el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su visita a México en octubre de 2015, también señaló: “Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes…”[5]. De esa declaración a la fecha se han sumado 70 mil muertos y más de 7 mil personas desaparecidas.

Sra. y Sres. Comisionados y representantes del Estado mexicano,

La estrategia de seguridad no sólo ha sido errada, ha generado una crisis de derechos humanos.

Desde el 2006 la Conferencia Nacional de Gobernadores caracterizó a los grupos delincuenciales del siguiente modo[6]:

El fenómeno del narcotráfico se ha transformado en estos últimos años; ya no es sólo un problema de producción y de tráfico de drogas, sino que se ha convertido en una red de grupos supraestatales, organizados, que combaten entre sí para apoderarse de regiones, ciudades o plazas. Su objetivo es asegurar el tráfico y el control de los narcóticos en el mayoreo y en el menudeo; organizar otro tipo de actividades delictivas como el contrabando, el robo de mercancías, de vehículos; apoderarse de giros negros y de lavado de dinero

Esto ha llevado a la conformación de una especie de anti-Estado o antigobierno, que tiene como resultado una población que opera sobre un territorio y ejerce su poder a través de dinero, del manejo de la violencia física y de las armas o de la amenaza de su utilización (…).[7]

No obstante lo anterior, la investigación ministerial y la búsqueda de las personas desparecidas se hacen como si se tratasen de casos aislados y delitos del fuero común. De las personas desaparecidas, aún no localizadas, que se encuentran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el 95% tiene su investigación en una procuraduría local, sólo el 5 % se encuentra en alguna instancia de PGR y no necesariamente siendo investigada como delincuencia organizada[8]. En otras palabras, no obstante la mayoría de las desapariciones y ejecuciones son parte de una estrategia de cometer ataques contra la población civil (con el fin de lucrar por medio de negocios criminales, ejerciendo el terror y eliminando el estado de derecho), las instituciones de procuración y administración de justicia los enfrentan como delitos comunes y aislados, lo que permite necesariamente la reproducción de la violencia como lo podemos ver hasta ahora. La caracterización del crimen que hiciera la CONAGO en 2006, a la distancia pareciera la descripción de un esquema de negocio criminal que ha florecido en los últimos 10 años, reproduciendo a los grupos criminales y multiplicando las víctimas a los números alarmantes que vemos hoy en día.

Las desapariciones, tortura y ejecuciones cometidos en Coahuila, reportadas en el Informe presentado a la Corte Penal Internacional[9], no serán resueltas por el gobierno de Coahuila (ni por capacidad ni por jurisdicción), puesto que se tratan de delitos de lesa humanidad cometidos por estructuras criminales que han mutado para permanecer. Se trata de crímenes de lesa humanidad que interpelan al Estado mexicano, donde Coahuila es sólo un ejemplo.

Pero más aún, esta crisis de criminalidad y violencia es a su vez una crisis de derechos humanos. No sólo porque sabemos que el 90% de las víctimas no están vinculadas al crimen[10] (lo que echa por tierra la hipótesis del ajuste de cuentas entre grupos criminales), también y, sobre todo, porque los gobiernos en los tres órdenes se han beneficiado, lucrando por la comisión de estos crímenes en colusión, en Coahuila como hemos evidenciado, pero también en otros estados[11]. No podemos pasar por alto que a la fecha son 16 ex gobernadores siendo investigados, detenidos o prófugos, vinculados a delitos de lavado o malversación de fondos[12], sin contar funcionarios de menor nivel[13]. Una parte de la clase política, sin importar partido, haciendo parte de la estructura criminal que permite la reproducción de la violencia en México. Los casos de corrupción e involucramiento tampoco son ajenos al orden federal, basta ver los graves señalamientos de corrupción propiciados por Odebrecht[14], OHL[15], o los serios indicios de involucramiento de autoridades federales en los hechos de desaparición en contra de estudiantes de Ayotzinapa[16], por mencionar sólo algunos.

Señor y señores comisionados, representantes del Estado mexicano,

No venimos a señalar a nadie, hablamos de serios indicios que no se han investigado, tampoco venimos a discutir si ha habido o no voluntad política, sino de respuestas insuficientes e inadecuadas a la gravedad del problema que tenemos encima por más de 10 años, y que no resolverá la nueva ley general contra la desaparición forzada (no obstante las nuevas herramientas que contendrá); la sola creación de nuevas leyes o las políticas cada vez más desarrolladas de atención a víctimas.

Si tiene sentido sentarse en esta mesa, hoy, es precisamente para apelar a la voluntad para salir de manera conjunta, gobierno, sociedad y organismos intergubernamentales de derechos humanos, de la espiral de violencia que ha sido alimentada por los altos niveles de impunidad (del 97%), corrupción y miedo (93% de secuestros, incluidas las desapariciones, que no se denuncian).

Por estas razones, múltiples organizaciones mexicanas e internacionales hemos señalado que México necesita del apoyo de la comunidad internacional para crear un Mecanismo Extraordinario Internacional con el mandato de a) investigar y procesar graves casos de violaciones a derechos humanos y de macro corrupción, b) ayudarnos a desmantelar las estructuras criminales que corroen, la seguridad, la paz y el estado de derecho, y c) ayudarnos a fortalecer nuestras propias instituciones de justicia y persecución del delito.

Este objetivo pasa sin embargo por dos condicionantes al Estado mexicano que exponemos como peticiones en esta audiencia:

  1. El reconocimiento de la existencia probable de delitos de lesa humanidad que permitan desarrollar mecanismos para atenderlos.
  2. La aceptación de las 14 recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comenzando por la creación de un Consejo Asesor de renombrados/as expertos/as en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y para revertir la tasa de impunidad imperante en el país[17].

Este Consejo, como ya hemos dialogado con anterioridad, deberá gozar de credibilidad e inmunidad, herramientas de trabajo y garantías de imparcialidad. Para tal efecto este Consejo deberá rendir cuentas al Estado, a la Sociedad y a la Comunidad Internacional por medio de informes periódicos al Alto Comisionado, por tanto, este Consejo debe integrarse por profesionales nacionales y extranjeros[18].

Finalmente queremos recordar que, en las audiencias pasadas en Lima, Perú, las organizaciones mexicanas peticionarias de la audiencia sobre Impunidad[19], “solicitaron a la CIDH que se sume a la firma de un acuerdo de cooperación para la consolidación de un consejo asesor contra la impunidad que debería ser firmado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con el Estado de México (…). La CIDH (…) cuestionó a la delegación del Estado sobre la posibilidad de nombrar a un grupo de expertos y expertas en el campo de los derechos humanos y del combate a la impunidad para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción para revertir la tasa de impunidad imperante en el país, manifestando la voluntad de la CIDH en contribuir en la ejecución de esta recomendación [20]. Venimos a recoger esa respuesta.

 

[1] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-datos-abiertos.php (Oct 23, 2017).

[2]Datos tomados del SESNSP en su último corte y recogidos por Aristegui noticias en una nota del 22 de octubre de 2017. http://aristeguinoticias.com/2210/mexico/9-meses-de-terror-en-mexico-hubo-mas-de-21-mil-asesinatos/ (Oct 23, 2017)

[3] De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPED), en su último corte de junio pasado. Consultable en https://rnped.segob.gob.mx/ (Oct 23, 2015).

[4] Ver http://aristeguinoticias.com/2110/mexico/consecuencias-de-violencia-en-mexico-equiparables-a-paises-en-guerra-cruz-roja/ (Oct 23, 2017).

[5] http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=767:declaracion-del-alto-comisionado-de-la-onu-para-los-derechos-humanos-zeid-ra-ad-al-hussein-con-motivo-de-su-visita-a-mexico&Itemid=265 (Oct 23, 2017).

[6] Hacia un nuevo sistema integral de combate al crimen organizado. Estrategia y plan de acción. https://www.conago.org.mx/Comisiones/Actuales/SeguridadYJusticia/ (Oct 23, 2017)

[7] El énfasis es nuestro.

[8] 1720 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo a una solicitud de información pública, que puede ser verificada en el Recurso de Resolución RRA 4496/16, disponible en https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action (Oct 23, 2017).

[9] Mexico: Murders, Disappearances, and Torture in Coahuila de Zaragoza are Crimes against Humanity” Communication to the ICC, International Federation for Human Rights (FIDH), July 6th, 2017. https://www.fidh.org/en/region/americas/mexico/mexico-murders-disappearances-and-torture-in-coahuila-de-zaragoza-are (Oct 4, 2017)

[10] Ver informe sobre Desapariciones en el Estado de Nuevo León con datos de CADHAC que reporta patrones similares para el noreste del país. Observatorio de Desaparición e Impunidad de FLACSO, Universidad de Minnesota y Universidad de Oxford, disponible en http://www.flacso.edu.mx/sites/default/files/170616_resumen_informe_nl_vf.pdf (Oct 23, 2017)

[11] University of Texas. “Control… over the entire state of Coahuila. A report on analyzed trial testimonies of Zetas members in San Antonio and Austin, Texas”. The University of Texas School of Law Human Rights Clinic, Spring 2017.

[12] Seis ex gobernadores presos: los priistas Javier Duarte de Veracruz, Mario Villanueva Madrid de Quintana Roo, Andrés Granier de Tabasco, Jesús Reyna de Michoacán y Flavino Ríos de Veracruz, y el panista Guillermo Padrés de Sonora; dos bajo proceso en libertad: Luis Armando Reynoso, panista de Aguascalientes y Rodrigo Medina, priista de Nuevo León; dos prófugos, Tomás Yarrington, de Tamaulipas (PRI), Jorge Torres de Coahuila (PRI); cuatro sujetos a investigación, César Duarte (PRI) de Chihuahua, Roberto Borge de Quintana Roo (PRI), Fidel Herrera de Veracruz (PRI), Gabino Cué de Oaxaca (PRD); Humberto Moreira de Coahuila (PRI) y Eugenio Hernández de Tamaulipas (PRI) tienen procesos abiertos en Estados Unidos. Ver como referencia http://www.milenio.com/firmas/joaquin_lopez-doriga/presos-gobernadores-procesados-investigados-profugos_18_920487964.html (Oct 23, 2017).

[13] Por ejemplo, El procurador del estado de Nayarit, Edgar Veytia, fue detenido el 29 de marzo de 2017 en la ciudad de San Diego acusado de delitos contra la salud cometidos en Estados Unidos (http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/03/29/detienen-procurador-nayarit-san-diego); o los cuatro ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte en Veracruz detenidos por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias o peculado (ver http://www.milenio.com/policia/javier_duarte-milenio-ex_funcionarios-detenidos-veracruz-milenio-noticias_0_938906387.html). (Oct 23, 2017)

[14] Ver http://www.sinembargo.mx/23-10-2017/3335506 (Oct 23, 2017).

[15] Ver http://www.animalpolitico.com/2017/05/pri-ohl-corrupcion-del-mazo/ (Oct 23, 2017)

[16] Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI). Informe Ayotzinapa II. CIDH. https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/giei-informeayotzinapa2.pdf (Oct 23, 2017.)

[17] Ver http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/RecomendacionesMX_AltoComisionadoDH_ES.pdf (Oct 23, 2017).

[18] Sobre la naturaleza internacional del Consejo, Zeid Al Hussein se ha pronunciado en ocasiones posteriores: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1103400&md5=93712257f23ded3e44736d1d42259bbe&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=9965f6e5c1909767209e383ad472de31 (Oct 23, 2017).

[19] Informe del 163 periodo de sesiones de la CIDH. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2017/122.asp (Oct 23, 2017)

[20] Ver por ejemplo las conclusiones y recomendaciones del Quinto Seminario de la Sociedad Civil dentro del marco del Diálogo México Unión Europea, del pasado 10 de octubre de 2017. En el eje de impunidad se recomendó: Establecer un mecanismo de cooperación internacional contra la impunidad en México de carácter técnico, financiero y político, con el respaldo de la Unión Europea.

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